LA V.L.P.S

Madrid, 18 de febrero de 2013.- El responsable de política internacional de Unión
Progreso y Democracia, Fernando Maura, ha tenido ocasión de expresar, en un
encuentro celebrado con el director general para África del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, su preocupación por la falta de jurisdicción que, a su juicio,
tiene el tribunal militar marroquí que ha dictado unas «durísimas sentencias»
condenatorias contra 24 saharauis, detenidos en noviembre de 2010, durante el
«brutal desmantelamiento» del campamento Gdeim Izik, en el territorio ilegalmente
ocupado por Marruecos en El Aaiún.
UPyD se une así a la desaprobación que se ha hecho un clamor desde numerosas
organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de la causa del Pueblo
Saharaui, y le ha reclamado al citado responsable del MAEC que el gobierno se
pronuncie con contundencia para exigir a Marruecos responsabilidades ante esta grave
vulneración del derecho vigente y de las normas e instrumentos internacionales de
protección de los Derechos Humanos, ratificados por el régimen del país vecino.
Maura subrayó que el Tribunal Militar encargado del procedimiento «es un tribunal
extraterritorial, incompetente para enjuiciar los hechos fuera del territorio del Reino
de Marruecos, según las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas».
Asimismo, recordó que los hechos tuvieron lugar en el Sahara Occidental, territorio no
autónomo, ocupado militar e ilegalmente por Marruecos, en contra del derecho
internacional y, por tanto, fuera de la soberanía, competencia y jurisdicción del
tribunal militar de Rabat, razón que refuerza la nulidad de pleno derecho de este
proceso judicial que denuncia UPyD.
JUICIO PLAGADO DE IRREGULARIDADES
A las razones que UPyD recoge para dar por nulo el juicio de los 24 saharauis, hay que
sumar las circunstancias en que se ha desarrollado, prolongadas durante más de dos
años. Entre otras, Maura destacó la falta de respeto de las garantías procesales de los
detenidos, la existencia confirmada de tratos vejatorios y torturas durante los
interrogatorios, la ausencia de pruebas contundentes que refuercen las acusaciones,
como las autopsias a los fallecidos durante los disturbios, «y un largo etcétera de
razones que no pueden dejar impasible a nuestro Gobierno, que presume de los
avances del Reino Marroquí en el ámbito de los Derechos Humanos y la
democratización».
Por todo ello, Fernando Maura ha expresado al director general para África que desde
España surja pronto una reacción oficial e inequívoca que sirva para evitar esta y
futuras violaciones de los Derechos Humanos perpetradas por un reino que goza de un
trato privilegiado con España y con la Unión Europea en numerosos ámbitos políticos y
comerciales.
Finalmente, UPyD hace pública su contundente repulsa por el encarcelamiento de los
saharauis, el trato inhumano que están recibiendo y las condenas que acaba de dictar
el régimen marroquí, calificando todo este proceso de ilegal y contrario a la dignidad
humana y a los derechos del Pueblo Saharaui.